Lic. Arturo Prins

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Ahorrar en conocimiento es caro

por Arturo Prins

En estos días, los científicos reclaman por los recortes al presupuesto de ciencia y técnica. Sus bajos sueldos expresan una falta de estímulo a la excelencia científica, siendo que el sector es pequeño y sus conocimientos constituyen el mayor valor de la economía.
Belgrano decía que “sin ilustración ni comercio, sin industrias ni escuelas, el nuestro será un país miserable y desgraciado”. Sarmiento advertía: “España y sus descendientes carecen de conocimientos en ciencias naturales o físicas, que en Europa dieron lugar a una poderosa industria que da ocupación a todos”. Nuestro premio Nobel Bernardo Houssay subrayaba: “Sin un rápido desarrollo científico, viviremos pobres”. De Belgrano a hoy -más de 200 años- hay un largo camino irresuelto que, con el lenguaje propio de cada época, coincide en lo mismo: escuelas, ciencia, industrias.
Los científicos reclaman los recortes al presupuesto de ciencia y técnica.
El saber científico es un valor académico, cultural, pero también causa de desarrollo. Lo decía Einstein: “Los imperios del futuro se construirán sobre el conocimiento”. Vaticinio que confirmó Estados Unidos: alberga al mayor número de científicos, es el país con más premios Nobel en ciencias, el que más invierte en investigación y desarrollo (I+D), el que más protege el conocimiento con patentes. Lo siguen China, Japón y otras naciones con similares políticas.
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que reúne a las economías más avanzadas, indicó que la inversión en I+D era clave en economía y explicó cómo medirla en su Manual de Frascati (1963). Aquí definió la I+D como el proceso de investigación básica y aplicada de las universidades, financiada mayormente por el Estado y fundaciones, más el desarrollo experimental de empresas que producen valor agregado. La economía que invierte menos del 1% del PBI en I+D es débil; las avanzadas se acercan al 3% y algo más; la media latinoamericana es de 0,77%; la argentina: 0,62%.
Pero mientras las empresas de naciones desarrolladas financian del 50 al 75% de la I+D, las argentinas aportan el 26%. Nuestra industria no demanda conocimientos, pues está protegida por altos aranceles. El Banco Mundial criticó “la muy baja inversión de las empresas argentinas en I+D, su escasa cultura innovadora”. El reclamo científico a Macri para que cumpla la promesa electoral de destinar el 1,5% del PBI a ciencia y la técnica soslaya la inversión industrial, sin la cual la economía no crece. Ningún país desarrollado financia la ciencia sólo desde el Estado.
Houssay decía que si la universidad no investiga, si no genera conocimientos, es una “escuela técnica“. De nuestras 53 universidades públicas y 49 privadas muy pocas lo hacen, mayormente las estatales, pero con bajos recursos, pues de los 5000 millones de dólares que reciben por año sólo 33 millones van a investigación. La Universidad de San Pablo y la Autónoma de México tienen cada una entre 3000 y 4000 millones de dólares por año. Nuestras universidades públicas -donde radica el mayor valor de la economía- se declararon este año en emergencia económica, al no poder afrontar siquiera la nueva tarifa del gas.
Las grandes universidades del mundo, en cambio, reciben regalías de la industria por el conocimiento que le transfieren. Por recursos y calidad científica, las norteamericanas e inglesas privadas encabezan los rankings: Stanford, Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, etc. El ranking mundial de universidades QS 2016 midió 916 de 81 países; las privadas argentinas están muy atrás: la Austral, en el puesto 308; la UCA, en el 310; Palermo, 352. De las 50 mejores de América latina, 17 son de Brasil; nueve, de Chile; siete, de la Argentina (ninguna entre las 10 primeras). Encabezan el ranking las brasileñas de San Pablo y de Campinas. La UBA es la argentina mejor ubicada: 85 en el ranking mundial y 11 en el latinoamericano, pero no tiene volumen de investigación transferible a la industria y no protege sus conocimientos, que los aprovechan otros países cuando se publican; en 40 años (1973-2013) la UBA sólo solicitó 35 patentes en el país y cuatro en plazas importantes como los Estados Unidos o la Unión Europea; con miles de trabajos publicados, sólo protegió uno por año. Los científicos no reclaman por esta pérdida de recursos.
Por lo expuesto, nuestra economía es insolvente: exporta bajo valor agregado, fija impuestos abusivos en desmedro de la producción, se endeuda con sucesivos defaults y emite moneda que genera inflación. Su mayor contrasentido: prescinde del conocimiento que regala al mundo.

La Nación, 28 de diciembre, 2016

Anuncian cambios en las economías de la región

por Arturo Prins

Nuevos anuncios hubo en octubre último, en Washington, en las reuniones semestrales del Banco Mundial y del FMI, a las que asistieron ministros y presidentes de bancos centrales, entre ellos Alfonso Prat-Gay y Federico Sturzenegger de la Argentina. Los países latinoamericanos coincidieron allí en la necesidad de reformar sus economías, a raíz de la caída de los precios de los commodities.
El economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Augusto de la Torre, presentó su informe semestral con una fuerte recomendación a las economías de la región para que reconviertan su producción y las exportaciones. Indicó que el dinero fácil de los tiempos con precios altos para bienes primarios ha terminado y no hay indicios de que vaya a volver. Fue preciso en su afirmación: “No se ilusionen. La caída del precio de los commodities será permanente, no va a cambiar”. Y a quienes piensan en el retorno de los precios altos, les dijo: “Es el típico pensamiento de los políticos que prefieren que el mundo los ayude, antes que poner ellos en marcha los ajustes necesarios”. En la visión del Banco Mundial todo ello quedó atrás. En su informe indicó que el precio del petróleo seguirá bajo, igual que el de los minerales y alimentos, como la soja.
El FMI, a su vez, informó que las economías latinoamericanas se desaceleraron en forma considerable en 2014 y se contrajeron en 2015, previéndose una disminución de la producción para este año. El ministro de Economía de Perú, Alfredo Thorne, indicó que su país reducirá la dependencia de las exportaciones de cobre y cambiará los motores del crecimiento. El presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, dijo que están impulsando exportaciones de mayor valor agregado para no depender de los productos agrícolas, como la soja. El titular del Banco Central de Brasil, Ilan Goldfajn, coincidió en que esperar crecer por el alza de precios de los commodities es bueno pero no permanente, por lo que consideró necesario hacer reformas para aumentar la productividad.
En el caso de la Argentina, de la Torre indicó que posee “una interesante interacción entre capital humano mejor educado y tecnología”, y resaltó la aplicación que ha hecho el país para la producción de soja. Agregó que nos ve con “extraordinaria potencia para regenerar una capacidad exportadora” y recomendó también otros caminos, como “hacer más películas para Hollywood, por ser una actividad en la que los argentinos se destacan y el comienzo de una industria que puede crecer”.
También en octubre se trató en nuestro país el valor del conocimiento para crecer. Fue en el 52° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, donde un panel de especialistas y empresarios trató el tema “Economía del conocimiento. Explorando la frontera”. Se indicó que la economía del conocimiento está cambiando el mundo y que mientras hace diez años las principales empresas eran las que producían bienes físicos, como Exxon Mobil o General Electric, hoy las que basan su producción en los intangibles están en los primeros lugares: Apple, Microsoft, Amazon y otras.
Los cambios anunciados no deben desplazar la producción de bienes primarios. La Argentina es gran productor de soja, tercer exportador mundial; los Estados Unidos producen el doble que nuestro país y son el primer exportador mundial, pero la economía norteamericana no depende de la soja pues es tecnológicamente avanzada. De allí que los países desarrollados subsidian al campo, cuando en la Argentina el campo viene subsidiando al país.
Criterio, diciembre de 1016

Una visión sesgada de las patentes

por Arturo Prins

Destacados científicos hicieron conocer un documento titulado “Patentes: de Aristóteles a Bill Gates”, a raíz del conflicto con la empresa Monsanto por el cobro de regalías a productores que utilizan su tecnología en los cultivos de soja. Por la calidad de los firmantes y su gran alcance -lo enviaron a autoridades, instituciones, medios de comunicación y miles de investigadores- se hace necesaria una reflexión.
Como grupo de gestión de políticas de Estado en ciencia y tecnología, los científicos expresan que “con el devenir del capitalismo y sus leyes hechas a medida, comenzó la legalización de la apropiación privada del conocimiento público”, a la que consideran “legal pero ilegítima”. Sostienen que los desarrollos patentados son posibles por el conocimiento acumulado a lo largo de los siglos, desde Aristóteles, pero que sólo benefician a quienes patentan “la fase final” de ese conocimiento.
Es preciso recordar que no surgió de leyes capitalistas la decisión de la Corona británica que otorgó, en 1449, la primera patente de la historia a un mecanismo de fabricación del cristal; tampoco el Estatuto de Venecia (1474), que daba protección jurídica a los inventores, o el impulso de Victor Hugo, desde la Association Littéraire et Artistique Internationale, a la protección internacional de derechos de autor, consagrada en el Convenio de Berna para las Obras Literarias y Artísticas (1886).
El documento de los científicos cita a Aristóteles, Copérnico, Galileo, Newton, Darwin, Pasteur y Einstein, y entre nosotros, a Houssay, Leloir y Milstein, cuando indica que sin sus conocimientos la “fase final” no hubiera sido posible. Menciona a Novartis, laboratorio internacional que produce vacunas y “seguramente algo le debe a Pasteur”, o a Bill Gates, que pudo hacer lo que hizo porque “estaba parado sobre los hombros de un gigante”, parafraseando a Newton cuando expresaba que no hubiera logrado sus hallazgos sin los trabajos previos de Galileo y Kepler.
Obviamente, ningún conocimiento arranca de cero, aunque se ha constatado que los adelantos del último siglo fueron mayores a todo lo logrado en siglos anteriores. Y eso ocurrió por la enorme inversión pública y privada que en el pasado no existía. Las patentes, precisamente, protegen esa inversión, que no siempre proviene de las empresas, como da a entender el documento; la propiedad industrial también pueden obtenerla el Estado y las fundaciones, sin fines comerciales. El Estado invierte en conocimiento con los impuestos de la sociedad, y las fundaciones, con fondos de donantes.
El Conicet, por ejemplo, es entre nosotros el organismo público que más patentes posee; la UBA también tiene, aunque pocas, y la Universidad Nacional del Litoral es el máximo exponente entre las universidades nacionales. La Fundación Sales financió con el Conicet el desarrollo de una vacuna contra un grave cáncer; ambas son titulares de 21 patentes que permitirán distribuirla al mundo a través de laboratorios, que pagarán a estas instituciones regalías que permitirán nuevas investigaciones.
¿Es justo que dineros de origen fiscal o filantrópico financien a quien toma un conocimiento desprotegido y se beneficia económicamente? Las patentes protegen esos dineros. Los científicos argentinos sufren escasez de recursos, entre otras razones, por el bajísimo número de patentes que tienen las instituciones públicas donde se desempeñan, que no reciben regalías de industrias extranjeras que suelen tomar sus conocimientos desprotegidos.
Otro punto del documento menciona al argentino César Milstein, que inventó los anticuerpos monoclonales: “Las empresas que producen anticuerpos monoclonales -dice- y venden por US$ 23.000 millones de dólares al año, deben tener una deuda con Milstein, quien generosamente no los patentó porque pensaba que era un hallazgo para toda la humanidad. Sin embargo otros lo patentaron. En pocas palabras y sin eufemismos, lo robaron. Pero no sólo a Milstein, sino a la humanidad entera. Eso sí, protegidos por la ley”.
El caso merece un comentario. Para Milstein fue una mala noticia que Gran Bretaña no patentara el invento logrado con el alemán Georges Köhler, que les valió el Premio Nobel de Medicina 1984. Lo supe cuando lo visité en su laboratorio de Cambridge, en 1999. Milstein me mostró la carta de la National Research Development Corporation, fechada en Londres en octubre de 1976, cuya copia conservo. Ella dice que “si bien Köhler y Milstein sugieren que los cultivos por ellos desarrollados podrían ser valiosos para usos médicos o industriales, tal aseveración debería tomarse como un tema con potencial a largo plazo y no de aplicación inmediata que pueda desarrollarse comercialmente […]. El campo de la ingeniería genética es un área difícil desde el punto de vista de su patentamiento […]; por tanto sugerimos no tomar ninguna acción al respecto”. En poco tiempo, una industria fuera de Gran Bretaña patentaba y vendía al mundo los anticuerpos monoclonales, útiles en medicina e investigación. Milstein se lamentaba y me explicó que si el invento se hubiera patentado, como pidió la institución donde él investigaba, su sistema científico hubiera recibido enormes recursos.
No hay que ideologizar la debida protección del conocimiento con una visión sesgada, pues la propiedad industrial e intelectual beneficia a las instituciones que generan conocimiento, a las empresas que los adoptan y al país que exporta mayor valor agregado sin tener que importarlo, lo cual beneficia a todos.
La Nación, 15 de septiembre de 2016

Anuncian cambios en las economías de la región

Arturo Prins 
Director Ejecutivo de la Fundación Sales

Nuevos anuncios hubo en octubre último, en Washington, en las reuniones semestrales del Banco Mundial y del FMI, a las que asistieron ministros y presidentes de bancos centrales, entre ellos Alfonso Prat-Gay y Federico Sturzenegger de la Argentina. Los países latinoamericanos coincidieron allí en la necesidad de reformar sus economías, a raíz de la caída de los precios de los commodities.
El economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Augusto de la Torre, presentó su informe semestral con una fuerte recomendación a las economías de la región para que reconviertan su producción y las exportaciones. Indicó que el dinero fácil de los tiempos con precios altos para bienes primarios ha terminado y no hay indicios de que vaya a volver. Fue preciso en su afirmación: “No se ilusionen. La caída del precio de los commodities será permanente, no va a cambiar.” Y a quienes piensan en el retorno de los precios altos, les dijo: “Es el típico pensamiento de los políticos que prefieren que el mundo los ayude, antes que poner ellos en marcha los ajustes necesarios.” En la visión del Banco Mundial todo ello quedó atrás. En su informe indicó que el precio del petróleo seguirá bajo, igual que el de los minerales y alimentos, como la soja.

El FMI, a su vez, informó que las economías latinoamericanas se desaceleraron en forma considerable en 2014 y se contrajeron en 2015, previéndose una disminución de la producción para este año. El ministro de Economía de Perú, Alfredo Thorne, indicó que su país reducirá la dependencia de las exportaciones de cobre y cambiará los motores del crecimiento. El presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, dijo que están impulsando exportaciones de mayor valor agregado para no depender de los productos agrícolas, como la soja. El titular del Banco Central de Brasil, Ilan Goldfajn, coincidió en que esperar crecer por el alza de precios de los commodities es bueno pero no permanente, por lo que consideró necesario hacer reformas para aumentar la productividad.

En el caso de la Argentina, de la Torre indicó que posee “una interesante interacción entre capital humano mejor educado y tecnología”, y resaltó la aplicación que ha hecho el país para la producción de soja. Agregó que nos ve con “extraordinaria potencia para regenerar una capacidad exportadora” y recomendó también otros caminos, como “hacer más películas para Hollywood, por ser una actividad en la que los argentinos se destacan y el comienzo de una industria que puede crecer”.

También en octubre se trató en nuestro país el valor del conocimiento para crecer. Fue en el 52° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, donde un panel de especialistas y empresarios trató el tema “Economía del conocimiento. Explorando la frontera”. Se indicó que la economía del conocimiento está cambiando el mundo y que mientras hace diez años las principales empresas eran las que producían bienes físicos, como Exxon Mobil o General Electric, hoy las que basan su producción en los intangibles están en los primeros lugares: Apple, Microsoft, Amazon y otras.

Los cambios anunciados no deben desplazar la producción de bienes primarios. La Argentina es gran productor de soja, tercer exportador mundial; los Estados Unidos producen el doble que nuestro país y son el primer exportador mundial, pero la economía norteamericana no depende de la soja pues es tecnológicamente avanzada. De allí que los países desarrollados subsidian al campo, cuando en la Argentina el campo viene subsidiando al país.

Revista Criterio, Diciembre de 2016

No ideologizar la protección del conocimiento

Arturo Prins 
Director Ejecutivo de la Fundación Sales

En los últimos artículos mostramos el bajísimo índice de protección del conocimiento en América Latina, debido a que las investigaciones mayormente tienen objetivos académicos, son un laurel para el científico y no se transfieren a la industria. Las universidades carecen de políticas de propiedad intelectual o industrial para las innovaciones que producen. A ello se suma que el investigador prioriza publicar sin proteger, pues cree erróneamente que son acciones contrapuestas.
La experta del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, Norma Ayala Martínez, manifestó recientemente que en su país “las universidades no se benefician pues no patentan; regalamos conocimiento y tecnologías; una universidad que no protege sus innovaciones deja de crecer”.

En estos días destacados científicos argentinos firmaron, como Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, una declaración contraria a la protección del conocimiento, con afirmaciones que denotan ignorancia. De gran alcance –la enviaron a autoridades, instituciones, medios de comunicación y miles de investigadores– se titula Patentes: de Aristóteles a Bill Gates. En ella sostienen que “con el devenir del capitalismo y sus leyes hechas a medida, comenzó la legalización de la apropiación privada del conocimiento público”, a la que consideran “legal pero ilegítima”. Afirman que los desarrollos patentados son posibles por el conocimiento acumulado a lo largo de los siglos, desde Aristóteles, pero sólo se beneficia quien patenta “la fase final” de ese conocimiento. Concluyen que Bill Gates hizo lo que hizo y se benefició, porque “estaba parado sobre los hombros de un gigante”.

El especialista argentino, Gastón Richelet, indica que “se ha perdido valioso tiempo discutiendo estos asuntos desde un plano ideológico y no desde una perspectiva práctica.” Y agrega: “La protección de la propiedad industrial es fundamental para el desarrollo y crecimiento de un país.”

Con visión sesgada e ideologizada, la mencionada declaración da a entender que las patentes las solicitan las empresas, por afán de lucro. Ignora que el Estado y las fundaciones también las obtienen, sin fines comerciales. El Dr. Hernán D´Urso, también especialista, considera “injusto que, aquel que invirtió tiempo y dinero, vea cómo el resultado de su trabajo y de su inversión, se lo lleven quienes nada hicieron en pos de él; es importante, entonces, que exista un mecanismo de protección para quienes innovan.” Precisamente los investigadores argentinos sufren la escasez de recursos, por el bajísimo número de patentes de tienen las instituciones científicas donde trabajan, que no reciben regalías de las industrias extranjeras que toman sus conocimientos desprotegidos, como mostramos en un artículo anterior (CRITERIO N° 2428).

Es necesario recordar y entender que ante una innovación con aplicación industrial, el Estado otorga un derecho exclusivo a cambio de que se brinde a la sociedad el fruto de la investigación. La solicitud de patente se publica a los 18 meses, plazo en el que deja de ser secreta y pasa al estado de público conocimiento. El derecho exclusivo es por 20 años, durante los cuales el titular puede impedir que terceros exploten la invención. Tras ese lapso la patente pasa a ser de dominio público, o sea que cualquiera puede hacer uso de la innovación sin tener que pagar las regalías que correspondan.

El mencionado Dr. Richelet indica que “si queremos llegar algún día a formar parte del conjunto de países más avanzados, debemos empezar a trabajar seriamente este tema.”

Revista Criterio, Octubre de 2016

América Latina no protege el conocimiento

Arturo Prins 
Director Ejecutivo de la Fundación Sales

En el artículo anterior (CRITERIO N° 2427) vimos que América Latina y el Caribe (ALC) no protege el mayor valor de la economía, el conocimiento. Sus investigaciones tienen objetivos académicos, constituyen un laurel para el investigador y no suelen transferirse a las industrias. Ningún país de la región posee un número de patentes que se acerque al de las naciones desarrolladas. Los Estados Unidos tuvieron en 2013 el récord de casi 288 mil patentes solicitadas por sus empresas e instituciones académicas, mientras las de toda ALC solicitaron ese mismo año 11 mil. El país que más solicitó fue Brasil, casi 8 mil; la Argentina sólo 643. El Banco Mundial analizó el hecho y concluyó que la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) y las patentes son medidas de la intensidad y calidad innovadora de las empresas.

Otro dato preocupante es la cantidad de patentes que solicitan las empresas extranjeras de ALC frente a las empresas nacionales. Del total de solicitudes en ALC, el 92% son de empresas extranjeras que trabajan en la región y sólo el 8% provienen de empresas nacionales.

Varios estudios muestran que en la región, cuando los científicos publican investigaciones que no se protegen, otros países las aprovechan. Un trabajo de Manuel Krauskopf (2007) analizó investigaciones de Chile y su impacto sobre tecnologías patentadas en los Estados Unidos, entre 1984 y 2003. Se mostró que la investigación local no era utilizada por sus industrias, sino por empresas norteamericanas que se apropiaban de los resultados de la I+D chilena. Como esto ocurre en otros países, el estudio concluyó que las universidades latinoamericanas desarrollan conocimientos con potenciales aplicaciones que se aprovechan en el exterior.

En otro estudio publicado en Journal of Technology Management & Innovation (2012, Vol.7), los profesores de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) Alberto Díaz, Darío Gabriel Codner y Paulina Becerra, se preguntaron si investigaciones biomédicas de esa universidad pública argentina podrían ser apropiadas en el extranjero. Para confirmarlo seleccionaron una muestra de 14 científicos calificados de la UNQ. Luego accedieron a los 54 millones de registros de patentes, de la plataforma más completa del mundo (Delphion), para identificar las que hicieran referencia a artículos de esos científicos. Cuando una patente refiere a una publicación científica, es porque en ésta hay un potencial valor tecnológico. Identificaron 52 familias de patentes (conjunto de patentes de origen común) otorgadas gracias a los avances publicados por varios de los 14 científicos seleccionados, entre 1999 y 2010. En algunos casos las patentes se solicitaron dentro de los dos años siguientes a la publicación, lo que indica que tenían un potencial tecnológico no advertido por la UNQ. Alrededor del 53% de las patentes fueron apropiadas por laboratorios multinacionales para la producción de nuevos fármacos; aproximadamente el 30% lo tomaron instituciones científicas de países desarrollados y el 13%, inventores individuales que podrían comercializarlas o hacer emprendimientos de joint venture. El estudio definió el hecho como “fuga ciega de conocimiento” pues no fue percibida por la UNQ, o como “inteligencia regalada” por el subsidio indirecto del sector público argentino a empresas e instituciones extranjeras. Concluyen que si este hecho sucedió en una universidad, que no es de las mayores, seguramente ocurre también en el resto de las instituciones de ciencia y tecnología del país.

Estos graves hechos no figuran entre las preocupaciones de las autoridades latinoamericanas.

Revista Criterio, Agosto de 2016

Ley de patentes: requisito para crecer

Arturo Prins 
Director Ejecutivo de la Fundación Sales

La propiedad intelectual es clave para el crecimiento. Entre nosotros, Gastón Richelet, especialista en derecho de patentes, escribía que “no hay un solo país desarrollado del mundo que haya crecido, sin contar entre sus leyes fundamentales con una sólida Ley de Patentes.” La Argentina no la tiene.

Cuando se analizan los indicadores de propiedad intelectual se observa un notable paralelismo entre desarrollo y número de patentes. Esto es así porque el mayor valor de la economía es el conocimiento, por lo que desprotegerlo genera pobreza y protegerlo genera riqueza. El país que protege el conocimiento está en condiciones de exportar alto valor agregado; el que lo desprotege depende mayormente de materias primas de bajo valor agregado.

Las estadísticas que publica anualmente la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), contiene cinco indicadores referidos a patentes:

1) El primero muestra el número de patentes solicitadas en cada país, discriminado según el lugar de residencia de los solicitantes; o sea, si reside en el país (empresas o instituciones nacionales), o si no reside pero le interesa proteger en el país (filiales extranjeras con residencia en el exterior).
2) El segundo indicador presenta el número de patentes otorgadas en cada país, discriminado también según el lugar de residencia del solicitante.
3) Un tercer indicador marca la tasa de dependencia, o sea un coeficiente entre las patentes solicitadas por residentes y por no residentes; la preeminencia de patentes solicitadas desde el exterior (por no residentes) expresa una dependencia económica del país.
4) El siguiente indicador marca, por el contrario, la tasa de autosuficiencia, que crece cuando las patentes solicitadas por los residentes del país crecen.
5) El último indicador expresa el coeficiente de invención, es decir, la relación entre las patentes solicitadas por los residentes del país y su población.
Veamos qué ocurre con estos indicadores en América Latina y el Caribe (ALC), región que venimos analizando en los últimos artículos. Expresaremos la estadística mostrando el promedio anual de la última década medida por la RICYT (2004-13):
1) Las patentes solicitadas anualmente por residentes de toda ALC fueron pocas: algo más de 10 mil, correspondiendo el 74% a Brasil; los demás países casi no suman; la Argentina solicitó 782 y México 839, mientras los no residentes (filiales extranjeras) casi 50 mil.
2) De las más de 10 mil solicitudes anuales de patentes de ALC, de residentes, se otorgaron 1.380; muy pocas por cierto; los no residentes obtuvieron 34.800.
3) La tasa de dependencia se mide por un coeficiente. Si es mayor a 1 indica que hay una preeminencia de patentes solicitadas desde el exterior. En ALC la dependencia es alta pues el coeficiente promedio anual en la década fue de 4,85.
4) La tasa de autosuficiencia en ALC decrece, esto quiere decir que en la década medida crecieron las patentes solicitadas por los no residentes, en comparación con las solicitadas por los residentes del país. En 2004 la tasa fue de 0,21 y en 2013 de 0,16.
5) El coeficiente de invención se expresa en patentes cada 100 mil habitantes y muestra la cantidad de patentes que solicitan los residentes del país, respecto a la población. Cuanto mayor es el valor de este indicador, mayor es la capacidad de invención del país. Los Estados Unidos tuvieron en la década el mayor coeficiente de invención: de 64,54 en 2004 subió a 90,94 en 2013. Toda ALC registró un coeficiente de invención muy bajo: 1,90 en 2004 que descendió a 1,80 en 2013.

Revista Criterio, Julio de 2016

Larga y polémica historia de las patentes

Arturo Prins 
Director Ejecutivo de la Fundación Sales

En los últimos artículos de esta columna analizamos cómo América Latina y el Caribe (ALC) ocupan con África el último lugar del ranking de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D). Muy distantes de América del Norte, Europa y Asia, que aplican economías del conocimiento, cuya columna vertebral es la inversión en I+D. Ligado a esto se observa la bajísima protección del conocimiento en nuestra región. No hay posibilidad de desarrollo si no se atiende esta realidad.

El primer antecedente, base del posterior derecho de patentes, fue el Estatuto de Venecia (1474), que daba protección jurídica a inventores durante 10 años. Por ese tiempo la Corona británica otorgó la primera patente de la historia al inglés John Utyman, por idear un mecanismo de fabricación del cristal, utilizado por vidrieros venecianos antes de que se conociera en Inglaterra; la Corona británica exigió al inventor enseñar dicho mecanismo a los ingleses y le dio protección por 20 años ya que quería reducir la dependencia de importaciones, generar puestos de trabajo y estimular la economía. Ello dio lugar a abusos pues la Corona, con afán recaudatorio, extendía los privilegios de protección sin mayores exigencias; fue así que diversas protestas obligaron a anular todos los privilegios y redactar el Estatuto de Monopolios (1623), que concedía exclusividad solamente al primer inventor, por un período de 14 años.

La revolución industrial en Inglaterra fue un hito en esta historia pues aceleró el tratamiento de leyes en países industrializados. Los Estados Unidos lo hicieron en 1790, Francia en 1791, España en 1811 y Alemania en 1877. En ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena (1873), varios extranjeros se negaron a asistir por temor a que les robaran sus ideas para comercializarlas en otros países. Ello dio lugar al Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), acuerdo internacional que aseguraba a los creadores que sus obras estarían protegidas en otros países. Enseguida surgió el Convenio de Berna para las Obras Literarias y Artísticas (1886), con la finalidad de proteger internacionalmente los derechos de autor; fue impulsado por Victor Hugo y la Association Littéraire et Artistique Internationale a la que el escritor francés pertenecía. El Convenio de Paris y el de Berna se fusionaron en 1893, conformando las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), con sede en Berna, Suiza.

Las BIRPI se convierten en 1970 en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, que en 1974 ingresa como organismo especializado en Naciones Unidas. En 1994 se crea en la OMPI el Centro de Arbitraje y Mediación, que ofrece servicios extrajudiciales para solucionar controversias internacionales. En 1998 se constituye la Academia de la OMPI para dar cursos generales y especializados en propiedad intelectual, con un enfoque interdisciplinario, destinado a profesionales en la materia. En 2007 la OMPI confeccionó una Agenda para el Desarrollo, por la importancia que la propiedad intelectual tiene para el crecimiento de los países.
Como toda realidad humana, esta larga historia tuvo sus controversias y altibajos. Hoy incluso hay detractores y críticos de las patentes, siendo que es un sistema adoptado internacionalmente, que permite proteger durante 20 años y en el país que se desee, las inversiones del Estado, de empresas y fundaciones destinadas a la innovación, y así evitar que sean comercializadas por otros.

Revista Criterio, Julio de 2016

Una razón de nuestro atraso

Arturo Prins 
Director Ejecutivo de la Fundación Sales

El conocimiento es el mayor valor de la economía. La capacidad de generarlo está muy ligada al desarrollo. De allí que los países que planifican estrategias de Investigación y Desarrollo (I+D) logran crecimientos superiores a los que obtienen las economías primarias. La I+D es un proceso que va de la Investigación básica y aplicada (I), realizada mayormente en universidades y centros científicos, al Desarrollo experimental (D), que ejecutan las empresas cuando se les transfieren conocimientos y producen alto valor agregado para exportar.

Desde esta columna ya analizamos la situación en América Latina y el Caribe (ALC) y mostramos a Brasil como el más avanzado en la materia, ahora amenazado por la corrupción y la consecuente crisis política que impacta sobre su economía. Mostramos también a Bolivia, uno de los países más pobres de la región que, tras haber ordenado sus cuentas, en 2015 anunció que implementará una economía del conocimiento y decretó las primeras medidas.
Veamos hoy al conjunto de la región. Entre la década que va del 2004 al 2013, la economía de ALC tuvo un crecimiento del 77% del PBI regional. En ese período incrementó 126% su inversión en I+D: de 27 mil millones de dólares a más de 60 mil millones (dólares expresados en PPC: Paridad de Poder de Compra) (fuente: RICYT / Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2015). Si bien la evolución fue positiva, la inversión en I+D de la región representa tan sólo el 3,5% del total mundial: ALC y África comparten los dos últimos lugares, muy distantes de América del Norte, Europa y Asia, continentes muy identificados con la economía del conocimiento.

ALC se caracteriza además por un fenómeno de concentración. Tres países –Brasil, México y la Argentina– invierten en I+D más del 90% del total de la región: Brasil 65,4%, México 16,4% y la Argentina 9,4%; el resto 8,8%. Brasil es el único que superó la barrera del 1% de inversión en relación al PBI: llegó al 1,24% en 2013. El conjunto de países de ALC nunca alcanzó dicho porcentaje que, en 2013, fue del 0,77% del producto bruto regional, muy por debajo de China (2%), los Estados Unidos y Alemania (alrededor de 2,8%), Japón (casi 3,5%) o Corea e Israel que encabezan el ranking con más del 4%.

Es notable como los indicadores de cada región o país se relacionan con el grado de desarrollo alcanzado. Los continentes más pobres invierten menos en I+D y los más adelantados aportan más. Sobre el particular, nuestro Premio Nobel Bernardo Houssay decía sabiamente: “Los países son ricos porque investigan y no es que investigan porque son ricos.”

El conocimiento que generan las naciones se mide por la cantidad de artículos publicados en las revistas científicas registradas en el Science Citation Index (SCI). Entre 2004 y 2013 el número de autores de ALC creció el 123%. Pero como la región no transfiere mayormente sus conocimientos a la industria, el proceso de I+D queda trunco. En ALC el conocimiento es generalmente un logro académico, un laurel para el investigador. Y es grave cuando otros países lo toman, pues es muy bajo en la región el índice de protección (patentes). De allí nuestro atraso: regalamos conocimiento y hasta importamos tecnologías que lo contienen, con el agravante de que no nos beneficiamos con su exportación. Pierde la economía y pierden las universidades y centros científicos que no reciben royalties de patentes, como ocurre en los países avanzados.

La protección, así, es de suma importancia, tema que trataremos en el próximo número.

Revista Criterio, Mayo de 2016

Brasil, un caso notable y complejo

Por Arturo Prins

Hoy Brasil se conoce no sólo por su jugo de naranja, sino por las exportaciones de jets que compiten con los estadounidenses y europeos”, escribía el economista norteamericano Jeffrey Sachs en 2004, al considerar el despegue económico de Brasil como uno de los más notables de la historia del desarrollo internacional.

El país tenía un crecimiento casi nulo desde 1980, con bajas exportaciones, empresas que operaban mayormente en el mercado interno, inflación e importante deuda pública. Fue el presidente Fernando H. Cardoso quien consideró que la política de desarrollo no podía estar aislada del sistema de ciencia y técnica, que desde 1960 había incrementado su actividad y también el número de científicos pero sin incidir en la economía. Como la inversión en investigación y desarrollo (I+D) era baja, decidió impulsar una economía del conocimiento: financiar la innovación para incorporar valor agregado y competitividad al comercio internacional, con empresas nutridas de conocimientos.

En su primer mandato (1997) privatizó el sector público con inteligencia: las empresas estatales de petróleo y gas, energía eléctrica y telecomunicaciones tenían centros de I+D; al privatizarse, el Estado los retuvo; más aún, fijó que una parte de los ingresos de las nuevas empresas prestadoras financiara la I+D de esos centros. Así protegía y no enajenaba el patrimonio intelectual local, un capital social. La Argentina hizo lo contrario: privatizó YPF y desmanteló el centro de I+D en Florencio Varela, dependiendo tecnológicamente de Repsol.

En su segundo mandato (1999) Cardoso designó al ingeniero y economista Carlos A. Pacheco (profesor de la Universidad de Campinas) para que, junto al ministro de Ciencia y Técnica, Ronaudo Sardenberg, ampliara la acción. Se elaboró un conjunto de 20 proyectos de ley que el Poder Ejecutivo elevó al Parlamento con carácter de “urgencia constitucional”. En tiempo record, los bloques sancionaron por unanimidad un sistema de financiamiento para el desarrollo tecnológico, a través de un nuevo modelo: los fondos sectoriales en grandes áreas de la economía.

El primer fondo fue el de Petróleo y Gas (1999), que inspiró el de Energía Eléctrica (2000), Telecomunicaciones (2001) y luego los de Transportes, Recursos Hídricos, Minerales, Actividades Espaciales, Informática, Salud, Agronegocios, Biotecnología y Aeronáutica. A estos doce se sumaron el Fondo Verde Amarelo, el más importante pues no es sectorial y promueve la relación universidad-empresa, y el Fondo de Fondos que da infraestructura de investigación a los fondos sectoriales. Brasil fue así el primer país latinoamericano que alcanzó el 1% de inversión del PBI en I+D: 1,04% (2000) y 1,24% (2012); la media latinoamericana es de 0,74%; la Argentina no llega al 0,60%. También se incrementó la inversión en I+D de empresas, que aportan el 43,1% del total (Argentina: 21,3%). Brasil es la primera economía latinoamericana y la séptima del mundo.

Cardoso concluyó su mandato en 2002. Pacheco vino en 2003 a Buenos Aires a explicar lo realizado. Personalmente lo visité en 2004, en la Universidad de Columbia, donde se desempeñaba. Presidía Brasil Luis Inacio Lula da Silva. A su juicio, Lula continuaba la acción de Cardoso –era una política de Estado– pero con cierta lentitud. De allí en más la historia es reciente. La corrupción sin límites generó una crisis político-económica, que Cardoso calificó “de muy difícil salida”.
La economía, por notable que haya sido, se torna compleja cuando surge una profunda crisis moral.

© Criterio, 2016

Bolivia: un ejemplo a seguir

Por Arturo Prins

En artículos anteriores (CRITERIO N° 2420-21) vimos que América Latina tiene una economía pobre pues exporta mayormente materias primas con poca innovación. El Banco Mundial advirtió que “la región está en la cola de la innovación” y si no realiza reformas “mantendrá la desaceleración económica”. En el último número (2422) mostramos que Brasil fue una excepción, cuando el presidente Fernando H. Cardoso entendió que el desarrollo no podía aislarse del sistema de ciencia y técnica e impulsó una economía del conocimiento con buenos resultados, amenazados hoy por la corrupción.
Bolivia, uno de los países más pobres, decidió recorrer ese camino. El presidente Evo Morales anunció en septiembre pasado que “habiéndose consolidado la liberación política, democrática y económica, la liberación científica tecnológica es ahora un sueño, una reivindicación para industrializar las materias primas del país”. Agregó que Bolivia tiene las condiciones para garantizar esa política y firmó el Decreto Supremo 2100 para otorgar 100 becas de post grado por año, a profesionales destacados de universidades públicas y privadas. Ellos concursarán para realizar maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo. A su regreso aportarán innovaciones a empresas de energía, alimentos, agrícolas, de telecomunicaciones, satelitales y otras que requieran tecnologías de punta. También dictarán cursos para replicar los conocimientos adquiridos. “A este día –dijo Morales al firmar el decreto– se lo considerará en el futuro un hecho histórico; Bolivia tendrá una comunidad científica que acompañará nuestras decisiones para impulsar el desarrollo industrial; será una nueva yunta, diría yo”.
Desde 2011 el país impulsa en las escuelas secundarias el interés por la ciencia, a través de las Olimpíadas Científicas Estudiantiles. En la primera participaron 50 mil jóvenes y en la de 2015 más de 300 mil. Esta última, realizada en La Paz en octubre, permitió al vicepresidente Álvaro García Linera reafirmar la decisión de impulsar una nueva economía. Sus palabras a los estudiantes deberían ser escuchadas por los dirigentes de la región: “Lo que está en la cabeza –dijo– vale más que una fábrica. Lo que está en el cerebro de un científico vale más que el dinero de un banco. Una idea, una creatividad, un diseño o un invento generan más dinero que todo el petróleo, que todo el mineral que podamos sacar en 5 ó 20 años. (…) El siglo XXI va a ser de las sociedades que tengan más científicos, más gente formada en las áreas científico-tecnológicas. (…) Los jóvenes que están aquí son lo mejor que tiene Bolivia en ciencias exactas, y los medallistas son la crema de los estudiantes, los mejores de los mejores. (…) Mantengan este cariño por las ciencias exactas porque como gobierno hemos trazado un plan para favorecer, reforzar y premiar a los mejores (…) Nos hemos propuesto construir la Bolivia del siglo XXI, que se hará con cerebro, cabeza, ciencia y tecnología. Ustedes hagan bien su universidad; nosotros apoyaremos bien vuestras maestrías y doctorados”.
El Vicepresidente declaró luego: “Vamos a cambiar el modo de producción; crearemos una nueva generación de estudiantes preparados para la economía del conocimiento. Los procesos latinoamericanos asumen que hay que hacerlo”. Y felicitó al ministro de Educación, Roberto Aguilar, por cumplir la decisión del presidente Evo Morales de reunir a los “cerebros del país” en las mencionadas Olimpíadas.
Así Bolivia articula la educación con la ciencia para favorecer una economía de crecimiento.
© Criterio, 2016

Bolivia ¿como Japón o Corea?

Por Arturo Prins

Bolivia ratificó la decisión anunciada en septiembre último de aplicar la economía del conocimiento, hecho que comentamos en el número anterior de la revista (pág.14). En dicho mes el presidente Evo Morales firmó un decreto para otorgar 100 becas de postgrado por año a profesionales destacados de universidades públicas y privadas, que cursarán maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo, para aplicar innovaciones a su regreso. Las áreas de estudio son: petróleo y gas, petroquímica, aeronáutica y aviónica, producción e industrialización agrícola, biodiversidad e informática, entre otras.
En diciembre, en un encuentro con autoridades educativas, el vicepresidente Álvaro García Linera resaltó que la nueva economía comenzará a cultivarse en los colegios: “Debemos preparar a los estudiantes para la revolución científica tecnológica. Sean exigentes, les ruego hacer un esfuerzo en dicha formación en los colegios”.
En enero se dio otro paso. En Cochabamba se realizó el I Encuentro de Científicos Bolivianos Radicados en el Exterior, con 50 investigadores provenientes de 17 países de América, Europa y Asia, seleccionados entre 333 postulantes que debían ser bolivianos, tener el grado académico más alto y una especialidad vinculada a áreas estratégicas. El presidente Morales les dijo: “Los hemos invitado porque tenemos la necesidad urgente de realizar una planificación para lograr la liberación científica tecnológica”. Y García Linera los exhortó: “Dígannos con total transparencia lo que podemos hacer, qué modificar, dónde cambiar, qué corregir; ayúdennos con todo lo que saben y lo que han aprendido, no para Evo ni Álvaro, sino para los bolivianos y el desarrollo de la patria”. Luego, en una entrevista, precisó: “Pasaremos de una economía de extracción (de recursos naturales) a una economía del conocimiento, con una nueva generación de estudiantes que no dependerá de los recursos naturales sino de su capacidad intelectual”.
Japón, hacia 1945 no tenía ni lejanamente altas tecnologías para exportar y también becó a jóvenes a universidades de los Estados Unidos y Europa para capacitarlos; de regreso generaron innovaciones que llevaron al país a ser la segunda economía y potencia industrial del mundo.
Bolivia casi no mide indicadores económicos en ciencia y tecnología. El último dato de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) es de 2009: indica que la inversión boliviana en I+D (Investigación y Desarrollo) fue de 0,16% de su PBI; la media de Latinoamérica –se considera baja– es de 0,74%. América latina destina sólo cien dólares por habitante a I+D; Bolivia, siete dólares. Las empresas de países desarrollados aportan más del 60% del total invertido en I+D; las bolivianas, 6%. Quienes ejecutan I+D en Bolivia (investigadores, doctores, becarios, técnicos) son unas 3.500 personas; en Brasil, 470 mil. En protección del conocimiento Bolivia solicita 50-80 patentes/año; Brasil, 7.800.
Cuando corea del Sur impulsó en 1962 la economía del conocimiento era uno de los países más pobres del mundo, con pocos recursos naturales y un ingreso per cápita menor que el actual de Bolivia. Invertía en I+D el 0,2% de su PBI. Hoy es la economía número 12 del mundo y encabeza el ranking de inversión en I+D con el 4,36% del PBI; además logró el mayor porcentaje de aporte empresario a I+D: 75% del total invertido (los Estados Unidos, 62%); obtiene más de 100 cien patentes/año, sólo superado por Japón y los Estados Unidos; su ingreso per cápita es de 32 mil dólares.
Todos los países fueron pobres en sus comienzos.
Criterio, 2016