Lic. Arturo Prins

Lic. Arturo Prins
Lic. Arturo Prins

Notable experiencia con 15 pymes

Entre 1997 y 2001 –período de alta recesión y crisis– se hizo una experiencia con 15 pymes, representativas de los sectores alimentación, industria del caucho y plástico, maquinaria y equipos, instrumentos de precisión, etc. El Estado les dio financiamiento a través de la ex Secretaría de Ciencia y Tecnología, hoy Ministerio, para que incorporaran valor agregado. Tomados los créditos, se midió su comportamiento durante cinco años, frente al resto de las empresas de cada sector que carecían de innovaciones y competitividad.
El estudio fue revelador. La facturación promedio a escala nacional de las empresas que carecían de competitividad bajó 25 puntos en el quinquenio: de un índice 100 en 1997 a 75 en 2001. La facturación promedio de las 15 pymes innovadoras creció 18 puntos y generó nuevos puestos de trabajo: de 100 en 1997 a 118,1 puntos en 2001.
Mientras la recaudación por IVA disminuía en los casos de las empresas que caían en su facturación, las 15 pymes estudiadas incrementaron su aporte fiscal: $1,3 millones (1998), $3 millones (1999), $3,1 millones (2000) y $4,6 millones (2001). El Estado tuvo un ingreso de $12 millones, frente a los $7,6 millones que otorgó en créditos. Para acceder al financiamiento, se exigió a las pymes una inversión de $8,3 millones. El estudio mostró que los beneficios de la inversión en I+D no son necesariamente de largo plazo.

© Criterio, 2014

Hacia una vacuna contra el cáncer

La Fundación SALES, creada hace 38 años, sostiene investigaciones del cáncer realizadas en institutos fundados por nuestros Premios Nobel Bernardo Houssay y Luis F. Leloir.
Fundación SALES financia tres proyectos de I+D contra el cáncer, en acuerdos con el CONICET, con quien comparte la titularidad de 39 patentes. El proyecto más avanzado es el que dirige el doctor José Mordoh, en la Fundación Instituto Leloir, que desarrolla una vacuna terapéutica contra el melanoma (el más grave cáncer de piel) que está en su etapa final de experimentación clínica, con 108 pacientes tratados. Este cáncer no tiene aún una medicina eficaz.
Es la primera vez en la Argentina que una fundación financia todas las etapas de un desarrollo contra el cáncer, a punto de concluir, para lograr una medicina. A la fecha Fundación SALES aportó más US$ 3,2 millones. Es una investigación independiente; no fue financiada por laboratorios comerciales como es habitual. La Fundación SALES y el CONICET firmaron un Convenio con el Laboratorio Pablo Cassará de la Argentina para que produzca y distribuya la vacuna cuando sea aprobada por la ANMAT, organismo que autoriza los nuevos medicamentos.
Las fundaciones, como las universidades y el Estado, financian junto a empresas innovadoras procesos de I+D y obtienen beneficios económicos de los productos que se comercializan, que los vuelcan a sus investigaciones. En los países avanzados estas instituciones incrementan así sus presupuestos científicos. En la Argentina es más inusual.
© Criterio, 2014

Pampita y Rosita

El científico Lino Barañao, hoy ministro de Ciencia y Tecnología, protagonizó un hecho innovador de impacto mundial. Como químico y biólogo molecular del Instituto de Biología y Medicina Experimental, que fundó nuestro Premio Nobel Bernardo Houssay, participó de una aventura en la que pocos creían: lograr una vaca clonada y transgénica que produjera en su leche hormonas de crecimiento humanas que combaten enfermedades. Sidus, tradicional laboratorio farmacéutico argentino, a través de su empresa de biotecnología BioSidus, le propuso el desafío.
Tras un innovador trabajo científico-empresario, en 2002 se anunció que la Argentina era uno de los pocos países que había logrado su primera vaca clonada, “Pampita”, de alto valor económico. Hoy dichas hormonas se producen en un gran fermentador que logra cantidades muy pequeñas por mes de proteínas de valor medicinal. “Pampa Mansa”, otra vaca clonada, puede producir tres kilos mensuales de hormonas de crecimiento humanas; con el 10% de su leche cubriría la demanda argentina y con 20 vacas la de todo el mundo. Cuando se apruebe el uso en humanos de estas hormonas, BioSidus podrá fabricarlas con una ventaja: nuestras vacas se alimentan de pasto, sin suplementos de origen animal que causen situaciones como el “mal de la vaca loca”, por lo que dichas hormonas serán valiosas.
Hace tres años nació “Rosita”, productora en su leche de las proteínas humanas Lactoferrina y Lisozima, que permitieron que investigadores del Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH) y de la Universidad de San Martín obtuvieran la primera leche “maternizada”. En 2010 se clonó el caballo “Ñandubay Bicentenario” con la información genética de un caballo de raza. El país está a la vanguardia de estos desarrollos.
© Criterio, 2014

Techint, primera en I+D

Techint fue creada en 1945 por Agostino Rocca. Tras su muerte en 1978, lo sucedió su hijo Roberto, que decidió impulsar investigaciones en tecnología de punta. Así la empresa multiplicó diez veces su producción y se convirtió en una multinacional con filiales en Brasil, Venezuela, Canadá, Italia y Japón. Es líder mundial en la producción de tubos sin costura para transportar gas y petróleo, fabricados por Tenaris, empresa del grupo.
Techint es número uno del país en innovación, competitividad, patentes e inversiones en I+D. En 1978 tenía 15 mil empleados y hoy son 59.400. Sus ingresos anuales alcanzan los US$ 25.400 millones. Tiene centros de I+D en la Argentina, México, Italia, Japón y desde este año en Brasil: más de 200 científicos e ingenieros exploran los límites de la ciencia de los materiales, metalurgia avanzada, ensayos de corrosión, tecnología de soldadura y últimamente nanotecnología. En 2012 invirtió en investigación US$ 83 millones y el año pasado US$ 106 millones.
Su planta de Campana tiene alta tecnología y es de las más eficientes del mundo. Fabrica 900 mil toneladas de tubos sin costura y en otros puntos del país 430 mil toneladas más, junto a materiales para el mercado energético, automotriz y de agro-industria. Exporta más del 70% de su fabricación de alto valor agregado.
© Criterio, 2014

Una excepción: maquinaria agrícola

Un estudio del BID (2009) señalaba la baja innovación de la industria argentina y el retraso en inversiones de I+D pero rescataba dos excepciones: la industria de la maquinaria agrícola y la de agro-biotecnología.
En cuanto a la primera, transformó a Las Parejas (Santa Fe) en la ciudad más industrializada del país en relación al número de habitantes. Una industria que en los años ‘20 era innovadora decayó hasta que supo responder a las exigencias del campo cuando adoptó la siembra directa y la agricultura de precisión. Con tecnología propia, la Argentina pasó a ser líder mundial en siembra directa, con el mayor rendimiento de soja al menor costo.
Nuestra maquinaria interesó al mundo: si en 2002 sólo 20 empresas exportaban US$ 10 millones, en 2013 más de 100 vendieron por US$ 250 millones (+2400%). Somos también líderes en la fabricación de maquinaria para siembra directa y producimos tolvas y embutidoras extractoras de altísima calidad.
Este impulso innovador lo coordinó la Fundación Cideter (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Regional), creada en 2000 por las propias empresas de Santa Fe y Córdoba: 340 fábricas de maquinaria agrícola y 382 agropartistas, es decir, 722 empresas que dan trabajo a 60 mil personas. La Fundación se propuso que las exportaciones llegaran al 20% de las ventas. En 2008 se había superado el 14% y en 2013 se alcanzó el 25%.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva dio subsidios y créditos a más de 200 empresas innovadoras y creó un moderno centro científico con el gobierno de Santa Fe y las empresas, en un predio donado por el municipio de Las Parejas, donde los conocimientos se transfieren a la industria.
Otro hecho innovador es la exportación de maquinaria agrícola al continente africano, que posee grandes extensiones de tierras potencialmente cultivables que podrían mejorar su producción con estas tecnologías. Los cultivos en África son similares a los de la Argentina (soja, maíz, sorgo y girasol). Con la coordinación de la Fundación Cideter y de la Embajada argentina en Sudáfrica, se acordó asistir a este país en siembra directa y mejoramiento de la productividad con nuestra maquinaria. Todos los años la industria expone su parque tecnológico en Las Parejas, con asistencia de agricultores de unos 50 países como los Estados Unidos, Alemania, Australia, Rusia, Sudáfrica, Brasil, México y otros.
© Criterio, 2014

Japón, un caso singular

Arturo Prins

La aplicación que hizo Japón de la economía del conocimiento tras su destrucción en la Segunda Guerra, fue notable. No asombra el resurgimiento de Alemania, Italia, Francia o Inglaterra, para las que la guerra fue sólo una interrupción, dada su larga tradición cultural que condujo a la investigación científico-técnica aplicada a la industria.
Japón, nación oriental, tenía raíces distintas. Hasta mediados del siglo XIX era un país feudal, primitivo en su desarrollo, aislado y sin comercio internacional.

El emperador Mutsuhito, que adoptó el título de Meiji (Gobierno ilustrado), sentó desde 1868 las bases del moderno desarrollo nipón. Hasta entonces la economía japonesa era mayormente agraria. Meiji impulsó la búsqueda del conocimiento y el saber de Occidente para lograr una rápida industrialización, fijó la educación obligatoria, bajó el analfabetismo y creó la primera universidad técnico-científica (1871). Europa tenía universidades e investigación desde hacía siglos.
Apenas se cumplían siete décadas del paso de una sociedad feudal a un Estado moderno, cuando las bombas de Hiroshima y Nagasaki convirtieron a Japón en ruinas, con sus habitantes deambulando sin futuro, con desempleo e inflación. El país insular tenía pocos recursos naturales en una pequeña superficie (368.589 km2) con una densidad de población muy alta.
¿Cómo pudo entonces llegar a exportar altas tecnologías que no poseía ni lejanamente en 1945? ¿Cómo logró ser la segunda economía y potencia industrial del mundo? El hecho reconoce dos etapas: en la primera, predominó la absorción de tecnologías de países avanzados, por compra o arrendamiento de patentes extranjeras y la capacitación de miles de estudiantes becados a universidades y centros de enseñanza industrial de los Estados Unidos y Europa. En los primeros 15 años de reconstrucción, los japoneses tomaron información científico-técnica de todo el mundo; la grabaron, fotografiaron y filmaron inspirados en un decreto del emperador Meiji que estableció que Japón tomaría el conocimiento donde lo hallare, vinculándose a importantes centros culturales.
En la segunda etapa, los centros de investigación alimentados por conocimientos del exterior y por japoneses doctorados en renombradas universidades, elaboraron tecnologías propias en la industria automotriz, relojera, fotográfica, electrónica, de microprocesadores e informática. Por sus diseños, calidad y bajos costos Japón compitió con naciones altamente industrializadas.
Tal desarrollo se logró en pocas décadas debido al aliento a la inteligencia científica y a la iniciativa privada, sin buscar la reconstrucción a través de empresas estatales. La producción industrial despuntó en 1954 duplicándose entre 1965-74. En la década del 60 el PBI de Japón crecía a un ritmo del 11% anual, frente al 4% de los Estados Unidos; en 1970 llegó a ser el segundo más alto de los países capitalistas.
En los años 80 el país invertía en Investigación y Desarrollo (I+D) casi el mismo porcentaje de su PBI que los Estados Unidos, tenía 550.000 científicos y sus empresas, universidades e institutos financiaban investigaciones básicas, aplicadas y desarrollos experimentales, claves en la economía del conocimiento.
Otro país oriental, China, pasó a ser recientemente segunda economía mundial, por la magnitud de su inversión en I+D que se duplicó entre 2008-12. Esta inversión es también la segunda en el mundo, detrás de la de los Estados Unidos, hecho que comentaremos en una próxima entrega.
© Criterio, 2014

La otra fuga de cerebros

Por Arturo Prins

Tres profesores de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Alberto Díaz, Darío Gabriel Codner y Paulina Becerra, se preguntaron si investigaciones biomédicas de esa universidad pública podrían ser apropiadas en el extranjero. Para confirmar la sospecha seleccionaron una muestra de 14 científicos calificados de la UNQ. Luego accedieron a más de 54 millones de registros de patentes, de la plataforma más completa del mundo (Delphion), para identificar las que hicieran referencia a artículos de esos científicos. Cuando una patente refiere a una publicación científica, es porque en ésta hay un potencial valor tecnológico.
Tras un vasto análisis, identificaron finalmente 52 familias de patentes (conjunto de patentes de origen común) otorgadas gracias a los avances publicados por varios de los 14 científicos seleccionados, entre 1999 y 2010. En algunos casos las patentes se solicitaron dentro de los dos años siguientes a la publicación, lo que indica que tenían un potencial tecnológico no advertido por la UNQ.
Alrededor del 53% de las patentes fue apropiado para la posible producción de nuevos fármacos, por Bayer Schering Pharma (Alemania), Isis Pharmaceuticals, Trubion Pharmaceuticals, Tracie Martyn International Ltd. y Dionex Corp. (Estados Unidos); Tranzyme Pharma Inc. (Canadá); IPSAT Therapies Oy (Finlandia); St. Jude Medical Systems AB (Suecia), y Aktiengesellschaft (Austria). Aproximadamente un 30% lo apropiaron instituciones científicas de los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japón, Israel y España para enriquecer sus investigaciones con los consiguientes beneficios, si se transfieren a la industria. El 13% de las patentes fue solicitado por inventores individuales, que podrían comercializarlas o hacer emprendimientos de joint venture.
La alarmante investigación no tiene antecedentes y se publicó en Journal of Technology Management & Innovation. Sus autores definen el hecho como una “fuga ciega de conocimiento” o “transferencia ciega de tecnología”, pues no fue percibida por la propia universidad. La califican como “drenaje de cerebros” por el desperdicio de conocimientos que el país no supo utilizar, y como “inteligencia regalada” por el subsidio indirecto del sector público a empresas e instituciones extranjeras. Concluyen que si esto sucedió en una universidad que no es de las mayores ocurriría lo mismo en las demás instituciones de ciencia y tecnología.
Efectivamente, en un artículo que escribí en 2007 contaba que la UBA, la mayor universidad y la que más fondos destina a investigación, con más de mil trabajos por año publicados por sus científicos, tenía sólo 15 patentes obtenidas en los últimos años. La ley Mitre 111 de patentes cumplía entonces casi un siglo y medio (1864) y la UBA, 186 años (1821), un largo período sin protección del conocimiento.
La Argentina tiene muy pocas patentes: en una década (2002-11) registra un promedio de sólo 260 otorgadas por año, mientras Estados Unidos supera las 90.000, muchas originadas en conocimientos regalados. Varios estudios nos califican como país pobremente industrializado, que no incorporó el rol de la propiedad intelectual a sus políticas públicas. Agregan que conocimientos científicos de argentinos en los últimos 70 años, algunos originados en trabajos de los premios Nobel Houssay y Leloir, sirvieron de base para que empresas internacionales desarrollaran nuevos medicamentos.
El conocimiento es factor principal del crecimiento económico, pero nos caracterizamos por no alentarlo ni protegerlo. Más aún, expulsamos inteligencia. Lo decía nuestro premio Nobel Bernardo Houssay (1962): “Ahora exportamos científicos, lo que nos empobrece”. Un trabajo de Mario Albornoz, estudioso y analista de indicadores de ciencia y tecnología iberoamericanos e interamericanos, mostraba que en 30 años (1972-2002) emigraron del país 50.000 universitarios, de los cuales 20.000 eran científicos. Estimó el costo de formación de cada uno en 25.000 dólares, por lo que la suma invertida en el exterior fue altísima, sin beneficio local.
Mientras las naciones receptoras de inteligencia calificada tienen políticas para captarla, las que la expulsan carecen de ellas. Esto responde a la ignorancia sobre la importancia del conocimiento y su protección legal, y a tener una industria desconectada del sistema científico-tecnológico.
Habrá que distinguir, de ahora en más, la clásica “fuga de cerebros” de esta “otra fuga” que se detectó en la UNQ. En la primera, el país expulsor dona el costo de la formación de quien emigra, pero el país receptor paga su salario, gastos de investigación e infraestructura. En la “otra fuga” el país receptor está subsidiado totalmente, pues recibe el conocimiento de otro país sin incurrir en gastos científicos. Aquí la pérdida es muy grande: a nuestros costos de formación e investigación hay que sumarles los miles de millones de dólares que perdemos y que reciben las empresas y universidades cuando comercializan los conocimientos que les regalamos.
Tal pérdida se extiende a América latina. Un estudioso, Manuel Krauskopf, tras ver el impacto de investigaciones de Chile en tecnologías patentadas en los Estados Unidos, entre 1984 y 2003, concluía: la investigación local no es utilizada por la industria chilena sino que empresas estadounidenses se la apropian. Chile tenía entonces un promedio de sólo 20 patentes otorgadas por año. Coincidentemente, América latina y el Caribe era la región del mundo con mayor crecimiento de emigrantes calificados.
¿Qué hacer ante esta realidad? Dado que publicar y proteger no se contraponen, los autores de la investigación en la UNQ sugieren una toma de conciencia por parte de los científicos cuando priorizan publicar para ser reconocidos y obtener subsidios. Subrayan también el rol de las oficinas de transferencia tecnológica en universidades y centros científicos.
Los países más desarrollados lo son por el conocimiento que obtienen y protegen para transferir a sus industrias. Es urgente que nuestro Parlamento y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva implementen políticas y apliquen medidas para que las universidades públicas y el Conicet protejan la inteligencia científica y promuevan con los ministerios de Economía y de Industria una economía del conocimiento para crecer.
Einstein lo vaticinó: “Los imperios del futuro se construirán sobre el conocimiento”. Y Houssay decía: “América latina está atrasada en este terreno”. Lo expresaba en 1934… y seguimos igual o peor.

© La Nación 23 de octubre, 2014

La economía del conocimiento permitirá pagar la deuda

Por Arturo Prins

El fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre los holdouts debería marcar el fin de nuestro mayor período de endeudamiento no honrado (1976-2013). La Argentina vivió endeudada porque sus gobiernos gastaron más de lo debido, pero el país siempre honró sus obligaciones. Recordemos la ironía de Sarmiento sobre “los grandes deudores del Sud”. O a Avellaneda cuando decía que “el crédito de la Nación (la fe del mundo en nosotros) es tan importante como el Himno y la Bandera”. Quebrada esa fe, provocamos la mayor crisis de confianza.
El Estado tiene como fuentes de financiamiento la recaudación tributaria, la emisión monetaria controlada y el crédito. De su equilibrio depende la economía. Hacia 1900 la Argentina se desarrolló por su actitud creadora, que, según Mallea, se originó en una inteligencia desinteresada, una fantasía transformadora. Carente de ellas, el país apeló a espejismos: una pesada carga tributaria a su población, emisión descontrolada que generó hiperinflación y toma de créditos sin capacidad de repago que condujo al default.
El crédito, por tener un costo, debería ser un recurso extraordinario. Pero desde 1976 lo hicimos ordinario. Ese año el gobierno militar heredó una deuda pública (interna y externa) de 9000 millones de dólares, que al finalizar su mandato fue de 44.000 millones. Alfonsín la elevó a 63.000 millones; Menem, a 122.000 millones; De la Rúa, a 145.000 millones, y Rodríguez Saá declaró el default. El costo también crecía: en 1992 los intereses anuales eran de 3000 millones de pesos; en 1997 se duplicaron (5800 millones) y en 2001 se cuadruplicaron (12.000 millones). La tasa anual se elevó en promedio al 10%, el doble de la Libor, y en 2000 llegó al 16%.
La deuda tiene vencimientos anuales de capital que, al no poder pagarlos, refinanciamos con mayores costos. Los intereses, en cambio, los cancelamos en efectivo. Ello origina déficit en el presupuesto, por lo que el gobierno pide más crédito para cubrirlo. El diputado demócrata progresista Alberto Natale, estudioso del tema, clamaba en el recinto como una voz en el desierto (2001): “Día a día aumenta el déficit del presupuesto; día a día aumenta la necesidad de financiamiento; día a día tenemos que conseguir más créditos para financiar esos déficits. Lo vengo advirtiendo todos los años. En 1993 los intereses equivalían al 8% del total del gasto público y en 2001, a más del 21%”.
El gobierno de Néstor Kirchner lanzó en 2005 y 2010 sendos canjes de deuda a miles de acreedores, ofreciéndoles cobrar a 30 y 35 años con quitas promedio del 44%. Ante la alternativa de no cobrar, el 92,4% de los acreedores aceptó el canje, a juicio de Cristina Kirchner “porque creyeron en la Argentina”. Esto generó los llamados fondos buitre, que compraron bonos a quienes no aceptaron el canje, que la justicia norteamericana obligó ahora a pagarles.
En 2013, la deuda pública (interna y externa) llegó a casi 213.000 millones de dólares, con la novedad de que la interna se incrementó al 66% del total, pues el Estado paga contrayendo nueva deuda con agencias estatales: el Banco Central presta importantes reservas para el pago de deuda externa, la Anses aporta fondos de los jubilados y el Banco Nación deriva recursos previstos para actividades privadas productivas. Miles de millones de dólares alimentan así un endeudamiento perpetuo. ¿Qué sería del país si esos fondos hubieran ido a proyectos productivos?
Tres organizaciones de la sociedad civil -Fundación SALES, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas (UCA) y Grupo Redes- elaboraron tras el default una propuesta con economistas, especialistas en políticas de ciencia y tecnología, y otros profesionales, para detener el endeudamiento perpetuo. El Ministerio de Educación y Ciencia la incorporó a su Plan Nacional 2004 y el viceministro de Economía de entonces, Jorge Todesca, la consideró un muy buen camino, por lo que la elevó para su consideración.
La propuesta apuntaba a robustecer nuestra débil economía para recuperar la capacidad de pago. Se aconsejaba implementar la economía del conocimiento que hizo crecer a los países desarrollados. Se explicaba que la inversión en I+D (investigación y desarrollo) es clave en esa economía: la hacen empresas, universidades, gobiernos y fundaciones para generar alto valor agregado. Los países avanzados aportan del 2 al 4% de sus PBI en I+D. Los rezagados, menos del 1%; la Argentina, 0,62%. Los economistas coinciden en que es difícil crecer con tan baja inversión. El Banco Mundial criticó “la muy baja inversión de las empresas argentinas en I+D” y su escasa cultura innovadora.
Países pobres como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwan -los tigres asiáticos-, al aplicar dicha economía, incrementaron sus PBI entre 1700 y 2500% en 44 años (1960-2003). Nuestro PBI creció en ese período sólo 125%.
La propuesta no pedía quitas sobre el capital adeudado. Sólo reducía al 3% los altos intereses, pues la perspectiva de pago sería más cierta con una economía competitiva. Una parte muy menor de dicho interés (0,09 al 0,37% en 4 años) se depositaría a nombre del acreedor en un fondo fiduciario para financiar empresas innovadoras. El fondo recibiría en 4 años 1600 millones de dólares, cifra inédita en la Argentina para ese fin. Operaría como un “banco del conocimiento”, expresión del Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y cotizaría en bolsa protegido de riesgos políticos e institucionales.
Finalmente la propuesta, que sus autores podrían adecuar hoy, no se tuvo en cuenta. La decisión estaba tomada: mantener la política fallida de siempre, pagar dentro de muchos años lo que nuestra débil economía permitía. La afirmación del presidente Kirchner fue sincera: “No prometeremos lo que no podamos cumplir”. Quedó claro que no habría nueva economía.
La Nación, 4 de julio, 2014





Universidad innovadora: el ITBA

Creado como universidad privada en 1959, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires es reconocido por su vocación innovadora y la excelencia académica. Su Departamento de Investigación y Propiedad Intelectual desarrolla proyectos de I+D, desde las carreras de ingenierías que se enseñan: mecánica, eléctrica, electrónica, informática, industrial, naval, en petróleo, química y bioingeniería, muy reconocidas y solicitadas por las empresas.
Por citar un caso de I+D, estudiantes de dichas carreras con apoyo de ingenieros formados construyeron el primer avión ultraliviano argentino, el “Petrel 912 I”, que en marzo de 2007 realizó su vuelo bautismo. Las características innovadoras del avión son su bajo costo operativo pues funciona con nafta súper de automóviles, el moderno diseño, amplia maniobrabilidad y óptima visibilidad. Para fabricarlo y comercializarlo se constituyó la empresa Proyecto Petrel SA, que obtuvo la certificación del avión que otorga la Federal Aviation Administration (FAA) y la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad.
El ITBA tiene otros proyectos de I+D y firmó convenios de colaboración tecnológica con instituciones y universidades de China, Corea del Sur, Noruega, España, la UNESCO, el INTI, etc.
© Criterio, 2014