Lic. Arturo Prins

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Lic. Arturo Prins

Usinas de inteligencia desaprovechadas

por Arturo Prins

Una feliz iniciativa acaba de anunciarse: la creación de la Confederación de la Sociedad Civil, que aspira a representar a fundaciones, asociaciones y empresas solidarias.
En Historia de una pasión argentina , Eduardo Mallea decía que el trabajo creador se origina en una inteligencia desinteresada, en un ensueño, en el proceso de una fantasía trasformadora. A mi entender, éste sería el motor movilizador de la sociedad civil.
Para canalizar ese motor, las Naciones Unidas crearon, en 1948, la Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales (Congo), donde instituciones de todo el mundo adquieren en la ONU estatus consultivo. Es decir, el derecho a hacer propuestas a los Estados miembros, discutirlas y concretarlas. Personalmente, comprobé este diálogo en Ginebra (sede de Congo), Santiago de Chile (Cepal) y Nueva York (ONU).
La nueva confederación, creada por la Federación de Fundaciones Argentinas (1994), el Grupo de Fundaciones y Empresas (1995), el Foro del Sector Social (1996) y la Red Argentina de Bancos de Alimentos (2009), desea que se conozca la riqueza de la sociedad civil. Por eso, en su presentación, el pasado 26 de agosto, Día de la Solidaridad, entregó un documento con acciones y propuestas cuya lectura impresiona. Veámoslas:
La reforma política o Leyes de Mayo, elaborada en 2002 por el Foro Social para la Transparencia, como alternativa al “que se vayan todos”, reunió a 20 entidades apartidarias que estudiaron su utilidad en otros países y ofrecieron aplicarlas aquí. Las leyes proponen un nuevo régimen de partidos, eliminación de las listas sábana, libre acceso a la información pública, acotar la jurisdicción de la Corte, crear la Oficina de Presupuesto del Congreso, mecanismos de transparencia y controles, etc. Nunca fueron tratadas.
En materia económica, la Fundación Sales explica el rol de la sociedad civil en la economía del conocimiento, en un medio inhóspito. En 10 años, fundaciones y asociaciones aportaron, en promedio, más de 16 millones de dólares por año a investigación y desarrollo (I+D). Financian innovaciones científicas que pueden transferirse a la industria, como camino para crecer y superar nuestra pobreza.
“En la Argentina, hay hambre y desnutrición”, señala la red Nutrición 10-Hambre Cero: 55.000 niños sufren desnutrición aguda; 700.000, desnutrición crónica; casi 2,5 millones de madres y niños tienen anemia, que afecta su capacidad intelectual. Mil instituciones de la red se proponen eliminar el hambre y lograr una nutrición de excelencia en cinco años.
La Argentina está en “indigencia educativa”, a pesar del alto presupuesto en educación (6,4% del PBI): el 50% de los chicos deja el secundario, el 50% no comprende lo que lee, y estamos entre los 15 peores sistemas educativos de un total de 65 evaluados por el Programa Internacional de Evaluación de Alumnos, OCDE. La asociación Proyecto Educar 2050 dice que la legislación incluye medidas para superar esta situación, pero hay que aplicarlas. Decidida a colaborar, convocó a especialistas y presentó políticas posibles.
Frente al crónico déficit habitacional y de servicios, la Fundación Pro Vivienda Social es una fuente de ideas. Otorgó microcréditos para viviendas dignas a 8500 familias de Moreno y venció la resistencia de empresas de gas y otras para llegar a un mercado marginal nunca imaginado: así, 3500 familias dejaron la garrafa y se conectaron a la red con el consiguiente ahorro y mejoras en la calidad de vida. Con la Fundación Metas Siglo XXI estudiaron un proyecto para que todos los argentinos accedieran al gas. Ningún ministerio lo canalizó.
Ante miles de muertes en nuestras rutas obsoletas, la mencionada Fundación Metas presentó al Parlamento el proyecto Red Federal de Autopistas, que une las capitales de provincia y 1150 ciudades donde vive el 82% de la población. El proyecto implica el financiamiento sin peajes, la rehabilitación del ferrocarril y un sistema de transporte para la región metropolitana. Hace años que el proyecto no avanza.
El cuidado de la naturaleza es un desafío. La Argentina pierde una hectárea de bosque cada dos minutos; ya desapareció el 70% de los bosques de hace un siglo. En 20 años, perdimos el 80% del recurso pesquero. Más de 1800 especies de plantas están en extinción. Pero hay acciones: las fundaciones Vida Silvestre y Ambiente y Recursos Naturales, junto con otras instituciones y empresas, batallan por la falta de políticas en energía, madera, pesca, glaciares, cuencas hídricas, residuos. Como el 80% del país está en manos privadas, buscan involucrar a propietarios de tierras.
La “economía solidaria”, estudiada por el premio Nobel de Economía indio Amartya Sen, y en el país, por la asociación Inicia, Emprender para el Futuro, entiende que el PBI o el ingreso per cápita no son suficientes para medir el progreso o la pobreza. Considera las variables cualitativas humanas por sobre las cuantitativas económicas. Es la economía que desarrollan fundaciones y asociaciones artesanales o de microcrédito, cooperadoras escolares, mutuales, sociedades de fomento o cooperativas de trabajo que saben que, sin desarrollo social, no hay desarrollo económico. Actúan mayormente en ámbitos locales de suma pobreza.
Ante el panorama descripto, resta decir que tenemos usinas de inteligencia desaprovechadas. A la indiferencia se suman trabas legales y fiscales a las instituciones, enumeradas por el documento: trámites dificultosos para obtener personería jurídica, exageradas obligaciones para lograr exenciones fiscales, tributos como el IVA o el impuesto al cheque, reducción y hasta eliminación de incentivos a las donaciones: un cuadro desolador que la nueva confederación deberá enfrentar.
Un hecho esperanzador cierra el documento: lo protagoniza la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales (Aedros), que reúne a entendidos en el arte de obtener donaciones ( fundraisers ). Ellos desarrollan estrategias exitosas. Saben “enamorar” al donante con las causas por las que trabajan. Porque saben que se dona por amor, no por utilidad fiscal. Tal el significado de la palabra “filantropía”.
© La Nación, septiembre 23, 2011

El comienzo del cambio

Por Arturo Prins

La gran novedad del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. También resultó novedosa la designación del joven ministro de Economía, Martín Lousteau, cuya capacidad destacaron hasta políticos de la oposición.
El nuevo ministerio fue una decisión inédita, cuyo arquitecto, el saliente ministro Daniel Filmus, conducía la educación y la ciencia en forma conjunta. El alcance de la nueva cartera debería ir más allá de la jerarquización y reconocimiento tardío de nuestro quehacer científico. Como precisó su flamante titular, el doctor Lino Barañao, el ministerio deberá lograr un modelo de desarrollo en el que el conocimiento sea fundamental: “Es el principio de una política de Estado que el país nunca tuvo”, afirmó.
Si esta política, que trasciende lo científico, expresa la voluntad de la presidenta Kirchner, los ministerios de Economía y Producción y el de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que conduce Julio De Vido, no podrán estar ajenos. ¿Sabrá este nuevo gobierno y la nueva generación de economistas, hacer lo que las anteriores ignoraron: implementar una economía tecnológicamente avanzada, una economía del conocimiento?
Barañao trabajó en esa dirección, desde 2003, como presidente de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica.
Anteriormente había protagonizado un hecho que seguramente lo confirmó en la necesidad de construir puentes entre ciencia y producción. Como químico y biólogo molecular del Instituto de Biología y Medicina Experimental, que fundó nuestro Premio Nobel Bernardo Houssay, participó de una aventura innovadora en la que pocos creían: lograr una vaca clonada y transgénica que produjera en su leche hormonas de crecimiento humanas que combaten enfermedades. Un tradicional laboratorio farmacéutico argentino (Sidus), transformado luego en una de las doce empresas más avanzadas del mundo en biotecnología (Bio Sidus) le propuso el desafío.
Tras un innovador trabajo científico-empresario, en 2002 se anunció que la Argentina era uno de los pocos países del mundo que había logrado la hazaña, de alto impacto económico: el consumo anual de hormonas de crecimiento en el país ronda los 10/12 millones de dólares y en el mundo los 2000 millones. Hoy se producen en un gran fermentador que logra cantidades muy pequeñas por mes de esa proteína. La vaca clonada Pampa puede producir 3 kilos mensuales. Con el 10% de su leche, cubriría la demanda argentina, y con 20 vacas, la de todo el mundo. Cuando se apruebe su uso humano, Bio Sidus podría ser el primer fabricante mundial de hormonas de crecimiento, con una ventaja: nuestras vacas se alimentan de pasto, sin suplementos de origen animal que pueden causar situaciones como el “mal de la vaca loca”, por lo que las hormonas de Pampa y su descendencia serán muy valiosas.
Barañao sabe que esta experiencia, multiplicada, indicaría el camino que recorrieron los países avanzados. El desarrollo tecnológico lo realizan fundamentalmente las empresas. Japón, entre las dos guerras mundiales, tenía una economía débil comparada con otras naciones industriales, y con pocos recursos naturales. Derrotado tras el bombardeo nuclear a Hiroshima y Nagasaki, vivió una enorme crisis. La decisión de desarrollar conocimiento y tecnologías, junto a la inteligencia con la que invirtió la ayuda externa, le permitieron transformar su economía primaria con un ingreso per cápita de 500 dólares, en una economía avanzada que elevó este ingreso a 30.000 dólares. La Argentina, en 1945, exportaba más que Japón y, a juicio del destacado economista Paul Samuelson, era la promesa del mundo para ocupar un puesto relevante. Aquí estamos.
He tenido oportunidad de hablar con Barañao sobre estos temas. Sin ir tan lejos, veíamos el caso Brasil, con una economía emergente como la de China e India. Desde 1980, nuestro vecino tenía tasas de crecimiento casi nulas. Durante 20 años (1980-2000) sus exportaciones fueron bajas, con empresas poco competitivas volcadas principalmente al mercado interno. A ello se añadía la inflación y la deuda pública.
Desde el Ministerio de Ciencia y Técnica, creado mucho antes que el nuestro, el presidente Fernando Henrique Cardoso, de formación académica, impulsó, en 1999, una reforma de la política científica que hasta entonces actuaba de espaldas a la economía. Con veinte leyes de “urgencia constitucional” creó los fondos sectoriales para financiar los centros del conocimiento de las grandes empresas públicas de servicios que se estaban privatizando.
La reforma tomó en cuenta que las empresas estatales de petróleo y gas, de energía eléctrica y de telecomunicaciones habían alcanzado desarrollos tecnológicos que se debían proteger y ampliar, pues con la privatización se corría el riesgo de perderlos. El debate incluyó la comprensión del carácter estratégico de poseer tales tecnologías. Cardoso hizo que las empresas transnacionales incrementaran sus inversiones en investigación y desarrollo (I+D), con porcentajes de sus ganancias volcadas a esos centros científico-tecnológicos que no se privatizaron.
En pocos años se vieron los resultados. Del centro de investigación y desarrollo de Petrobras, surgieron las tecnologías off-shore que recientemente permitieron descubrir petróleo en la plataforma submarina de Tupi, que aumentará las reservas de Brasil un 50%; o el desarrollo de combustibles renovables (etanol y biodiésel) que redujo las importaciones de petróleo y logró el autoabastecimiento.
La Argentina, en cambio, vendió YPF con su Centro de Investigación y Desarrollo en Florencio Varela con 520 científicos y técnicos , que se desmanteló; mermó la exploración, se incrementaron las importaciones y, en muchos casos, dependemos tecnológicamente de Repsol España.
El presidente Lula, sin formación académica pero en un país con continuidad institucional y económica, acaba de anunciar que en los próximos tres años Brasil invertirá 28.000 millones de dólares en I+D, con gran inversión privada. Nosotros, con altos aranceles, protegemos a una industria poco innovadora, que invierte poco en I+D y no necesita competir afuera, pues tiene un mercado interno cautivo asegurado.
La Argentina retrocedió quince escalones, en 2006, en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial: está en el puesto 85 sobre 131 países; Brasil, por notables mejoras, ascendió al puesto 72.
La creación de un ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva es un buen comienzo para revertir esta situación. Pero sin la participación de los ministerios de Economía y de Planificación, el avance hacia una economía del conocimiento no será posible. Por ello, la Presidenta deberá conducir a sus ministros en la decisión de impulsar la política de Estado que el país nunca tuvo, y así cumplir el slogan de campaña: “El cambio recién empieza”.
© La Nación, enero 3, 2008