Lic. Arturo Prins

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Lic. Arturo Prins

La dirección de la bocha

Por Arturo Prins

En 1974 se logró la primera bacteria transgénica, que luego sirvió para producir insulina, hormonas de crecimiento e interferón de mayor calidad y menor costo. El hecho abrió el debate sobre la modificación genética de las especies, por lo que los científicos acordaron normas de bioseguridad y autocontrol en la célebre Conferencia de Asilomar (California, 1975). En 1984 se obtuvieron las primeras plantas transgénicas, resistentes a insectos. La ingeniería genética, al conocer el funcionamiento de los genes, actuaba sobre microorganismos y plantas. Pero los cambios genéticos ya se realizaban, de otra forma, desde siempre.
La Argentina estuvo entre los iniciadores de la biotecnología. En 1986, como responsable de los recursos de nuestro Premio Nobel Luis F. Leloir, obtuve financiación para un trabajo que él impulsaba, con el propósito de lograr una semilla de girasol resistente al hongo de la esclerotinia que afectaba nuestras cosechas.
Entre 1992 y 1995, el primer centro de biotecnología vegetal del país, en la Universidad Nacional de Rosario, lograba maíz y trigo transgénico, hecho inédito en América latina. Recientemente visité a su director, el doctor Rubén Vallejos, que se lamentaba por los apoyos discontinuos que le impidieron transferir a la industria sus logros. Pionero como Leloir, quiso obtener algodón y soja resistentes a insectos y herbicidas, pero la falta de recursos lo hizo abandonar estos estudios.
En un ambiente más propicio, la empresa Monsanto obtenía hacia 1995 la primera semilla de soja resistente al glifosato, herbicida que la empresa producía. Europa y varios países se opusieron a estos avances biotecnológicos, entre otras razones, por temor a que la agricultura quedara en manos de unas pocas multinacionales, dueñas del 95% de las patentes.
La nueva soja de Monsanto fue un boom y la Argentina la utiliza en más del 90% de su área sembrada, que aumentó un 130% desde 1995; la producción creció de 11 a 40 millones de toneladas y las ventas se incrementaron enormemente. Hoy somos el tercer productor mundial de soja y el primer exportador de aceite y harina de esta oleaginosa. Pero nació un conflicto: Monsanto amenazó con embargar nuestros buques porque evadíamos el pago de regalías. El país no supo generar un producto acorde con sus tradiciones y hoy emplea un gen importado en las semillas transgénicas locales, con la dependencia de patentes extranjeras. De todos modos, la agrobiotecnología hizo de la soja el centro de nuestras exportaciones, aunque preocupa su monocultivo, que afecta los suelos.
Leloir decía que, así como el buen polista es el que se anticipa a la dirección de la bocha, el buen científico es el que vislumbra el futuro inmediato de la ciencia. En los años 80 él veía ese futuro en la agrobiotecnología. Pero la ausencia de una política de Estado y de protagonismo empresarial hizo que corriéramos detrás de la bocha sin poder alcanzarla.
Un proyecto sin precedente podría revertir la situación: en Rosario, sede del polo aceitero más competitivo del mundo y de la universidad que instaló nuestro primer centro de biotecnología vegetal, dos empresas argentinas, Bio Sidus y Bioceres, invertirán US$ 10 millones en cuatro años para construir, equipar y sostener el Instituto de Agrobiotecnología de Rosario (Indear), integrado al sistema científico del Conicet. Contra la idea de que “la tecnología se compra”, una nueva raza de empresarios y productores agropecuarios reunirá a un centenar de científicos y técnicos con todos los medios para trabajar sin sobresaltos. Se integrará, por primera vez, una masa crítica de investigaciones de otros centros, como el INTA, que exhiben grandes avances.
Se desea proteger una de las regiones agrícolas más beneficiadas del mundo, con condiciones agroecológicas únicas, donde el ganado se alimenta naturalmente. Mantener este recurso, que se agota, es posible cuando se le incorpora conocimiento e innovación. Perdimos oportunidades: sólo tres de los 20 cultivos más importantes tuvieron mejoramientos genéticos, y en el reino animal el horizonte es amplísimo.
Somos uno de los pocos países que lograron una vaca clonada y transgénica, Pampa, que produce en su leche hormonas de crecimiento humanas. El hecho lo protagonizó Bio Sidus (2002), antigua empresa de origen farmacéutico y una de las 12 más avanzadas del mundo en biotecnología. La hormona de crecimiento combate enfermedades. Su consumo anual en el país ronda los US$ 10/12 millones y en el mundo los US$ 2000 millones. Hoy se produce en un gran fermentador que logra 60 gramos por mes de esa proteína. Pampa puede producir tres kilos mensuales. Con el 10% de su leche cubriría la demanda argentina y con 20 vacas, la de todo el mundo. Cuando se apruebe su uso humano, Bio Sidus podría ser el primer fabricante mundial de hormonas de crecimiento. Otra ventaja: nuestras vacas se alimentan de pasto, sin suplementos de origen animal que causaron el “mal de la vaca loca”, por lo que las hormonas de crecimiento de Pampa serían muy valiosas.
La experiencia en biotecnología animal que Bio Sidus volcará en el Indear podría lograr vacas que produzcan nuevos fármacos, que modifiquen la composición de la leche para vencer su intolerancia o que resistan enfermedades. Estados Unidos obtuvo una vaca resistente a la mastitis, enfermedad de la ubre que produce pérdidas millonarias en la industria láctea.
El otro socio, Bioceres, desarrolla proyectos de biotecnología vegetal. Uno de ellos se propone lograr trigo, maíz y soja tolerantes a sequías y salinidad, que extenderían nuestra frontera agrícola a tierras áridas. Bioceres se inició hace pocos años, con 45 productores agropecuarios; hoy son más de 100 que aportaron, con otros inversores, US$ 5 millones en investigaciones.
En el Indear, la biotecnología vegetal que impulsa Bioceres podrá vencer el mal de Río IV, un virus que destruye nuestro maíz; crear plantas resistentes a plagas o a sequías (el 25% de las cosechas se pierde por ellas) o a enfermedades que requieren plaguicidas de efectos indeseables; podrá obtener calidad nutricional en cereales, desarrollar una agrobiofarmacología que suplante métodos arcaicos y costosos para producir medicinas, etcétera.
Frente a los riesgos de los transgénicos, la ciencia no ha constatado daños en la salud humana y el medio ambiente. La bioseguridad debe seguir aplicándose y la rentabilidad no tiene que apurar los tiempos. Tampoco habría que poner énfasis en los riesgos, sin atender los probados beneficios. La agrobiotecnología muestra que puede proteger a la naturaleza -que no es perfecta, sagrada e intocable – y brindar al hombre mejores alimentos y medicinas. El riesgo cero sólo está en la inacción, que provoca otros riesgos.
Las autoridades de ciencia y técnica avanzan ahora en la creación de un Fondo de Agrobiotecnología que favorezca la actividad, como lo hizo Brasil. Si el Estado, en este fondo, acompañara la inversión privada con una parte mínima del tres por ciento que cobra a la exportación del poroto de soja , ayudaría a que la Argentina – como quería Leloir- se anticipara a la dirección de la bocha.
© La Nación, noviembre 29, 2005

Petróleo y gas: para reconstruir lo destruido

Por Arturo Prins

Cuando Brasil privatizó los principales sectores de su economía, se abrió un debate sobre el futuro de los centros de investigación y desarrollo de las empresas estatales. En ellos se habían logrado tecnologías que podían perderse, lo que hubiese originado una dependencia de alto costo y serias consecuencias.
Los centros que en principio despertaron la atención por los desarrollos en marcha fueron los de petróleo y telecomunicaciones. Para protegerlos y financiarlos más, se sancionó un conjunto de leyes (1999-2001) que crearon fondos sectoriales, alimentados con porcentajes de la facturación o de las ganancias de las mismas empresas.
En hidrocarburos, estos centros desarrollan tecnologías complejas que, cuando se logran, permiten implementar nuevas políticas. De ahí su valor estratégico. Que Brasil haya logrado innovaciones tecnológicas en exploración de aguas profundas (off-shore) le permitió ampliar su horizonte de reservas petrolíferas; que haya desarrollado combustibles renovables (etanol y biodiesel) le permitió reducir costos e importaciones de petróleo.
La Argentina, en cambio, no obró así: cuando privatizó el sector, decidió depender tecnológicamente de las nuevas empresas y desmanteló el Centro de Investigación y Desarrollo (CID) de YPF, en Florencio Varela.
El CID había sido pionero: fue creado en 1942, mucho antes de que la brasileña Petrobras tuviera, en 1955, el Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisas de Petróleo, al que sucedió, en 1975, el Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (Cenpes). Más aún, Brasil, Venezuela y México hicieron sus centros de acuerdo con el modelo argentino.
En sus comienzos el CID diseñó la primera planta petroquímica del país, produjo aleaciones para punta de trépanos e introdujo el plomo tetraetilo como aditivo para naftas. Sus innovaciones se originaban más en las necesidades de la Segunda Guerra Mundial, que en políticas de Estado. Así, en la década del 50, dejó de intervenir en proyectos de alta tecnología agregada y se dedicó mayormente al análisis y control de calidad de productos. Se abandonaron desarrollos nacionales y el país comenzó a comprar tecnologías “llave en mano”. El CID sólo hacía algo de investigación básica, situación que se extendió hasta principios de la década del 70.
Aquí ocurrió un hecho singular: ingresó en YPF una camada de geólogos, químicos, ingenieros y matemáticos formados en la universidad de los años 60, con deseos de relacionar sus conocimientos con la producción. Ellos empezaron a resolver problemas para los que se apelaba a desarrollos importados. Fue un período muy enriquecedor (1975-1991). Fui testigo de los elogios que nuestro premio Nobel de Química, Luis F. Leloir, hizo en ese tiempo al CID por consultas del entonces presidente de YPF.
Los responsables del CID recuerdan aquel período con nostalgia, por los hitos producidos: En 1976-77, remodelación de las plantas de cracking catalítico, corazón de las refinerías de La Plata y Luján de Cuyo, que significó reemplazar tecnología externa y ahorrar divisas; entre 1977 y 1981, desarrollo, a bajo costo, de una planta de fabricación continua de grasas lubricantes, que superó tecnológicamente a la única que existía en el mundo; entre 1978 y 1983, desarrollo y utilización industrial del primer catalizador argentino y latinoamericano; entre 1981 y 1982, las primeras pruebas del uso de gas natural comprimido (GNC) en un motor Fiat 600; además de modelos de simulación y recuperación asistida de yacimientos; etcétera.
El CID también encaró, con Gas del Estado, proyectos de tecnología agregada. Hacia 1990, prestaba servicios a las petroleras nacionales y extranjeras, y a empresas no petroleras. También desarrollaba combustibles y aceites, como el reconocido Elaion para cárter. Con lo que facturaba pagaba los sueldos de 520 científicos y técnicos, y 30 administrativos. Tenía uno de los mejores equipamientos de América del Sur y decenas de convenios con universidades nacionales que le proveían conocimientos básicos.
Si el CID no avanzó más y mejor, fue porque su tarea no era debidamente valorada y consecuentemente tenía un presupuesto limitado: su mayor recurso llegó a 20 millones de dólares, nunca superior al 0,2% de la facturación bruta anual de YPF. El Cenpes brasileño, en cambio, con 250 millones de dólares, recibe el l% de la facturación anual de Petrobras y emplea a 2500 personas.
Cuando Brasil abrió al capital privado el monopolio estatal en hidrocarburos (1995), mantuvo el control mayoritario e incrementó los recursos para investigación y desarrollo (I+D) a través del Fondo Sectorial de Petróleo y Gas (1999), creado con porcentajes de los royalties por explotación de petróleo y gas natural. Estos fondos, Brasil los implementó en este sector y en los más importantes de su economía: telecomunicaciones, energía eléctrica, recursos hídricos y minerales, actividades espaciales, agronegocios, transportes, etcétera.
El presidente Lula da Silva decía, recientemente, que el liderazgo de su país se fundaba en que posee “la economía más grande y el mayor potencial científico y tecnológico”. Efectivamente, el Cenpes tiene reconocimiento internacional y ubicó a Brasil entre los países con tecnologías de punta en la industria del petróleo. Petrobras, que apoya y se nutre del Cenpes, es una de las petroleras que más invierte en el mundo en I+D.
La Argentina, en cambio, cuando vendió totalmente YPF perdió el poder de decisión sobre el CID, que fue desmantelado. Sus profesionales y técnicos fueron despedidos. Sólo unos pocos y el equipamiento más moderno pasaron al Centro de Tecnología Aplicada, hoy de Repsol, que trae la mayor parte de la I+D de afuera. La planta de fabricación de grasas lubricantes se desarmó y su producción se contrató a terceros. Los edificios del CID, que sorprendieron al mismo Leloir y fueron proyectados por dos grandes arquitectos, Jorge de la María y José María Olivera, se desmembraron y repartieron entre la Municipalidad de Florencio Varela, el Club YPF y otra institución de la zona.
Fue un golpe a la inteligencia científica que costó formar y que se expulsó cuando exhibía logros. Con esta política, la Argentina no podrá crecer ni competir con los países que invierten en conocimiento. A la vez, se generan mayores costos y pagos de royalties que se trasladan a los precios, y se pierde autonomía al no poder seleccionar y verificar la compra de tecnologías.
El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, que agrupa a las empresas nacionales y extranjeras y promueve la vinculación universidad-empresa, organizó, en 2004, una reunión internacional sobre innovación tecnológica. Allí vimos que aun países como Estados Unidos, con la industria de hidrocarburos privatizada, invierten en universidades para que las mismas empresas desarrollen tecnologías. Es, por tanto, estratégicamente necesaria la reconstrucción del CID y su relación con el medio universitario. Conscientes de esta situación, las autoridades de ciencia y técnica avanzan en un proyecto de creación de fondos sectoriales, de gestión mixta. Varios diputados -de Compromiso para el Cambio, la UCR, ARI y el PJ- coincidieron con la iniciativa. Se abre, aquí, una esperanza de reconstruir lo destruido y de legislar, como lo hizo Brasil, sobre una economía tecnológicamente atrasada.
© La Nación, agosto 9, 2005

Una industria detenida

Por Arturo Prins

En la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se desarrolló una importante iniciativa con el fin de transformar estructuras de producción para que logren competitividad, valor agregado y el consecuente crecimiento económico que produce empleos de calidad.
Ahora que se están discutiendo las tarifas de las empresas de servicios públicos, sería el momento de concretarla.
La iniciativa reconoce un antecedente en Brasil, cuando se privatizaron los grandes sectores de su economía. El entonces presidente Fernando Henrique Cardoso impulsó -desde el Ministerio de Ciencia y Técnica- una legislación de “urgencia constitucional” para crear fondos sectoriales que financiaran el desarrollo tecnológico y revirtieran las tasas de crecimiento del país, casi nulas desde 1980. Se quería acercar la economía al sistema de ciencia y técnica.
Un técnico de la Empresa Paulista de Transmisión de Energía Eléctrica, en plena tarea
Un técnico de la Empresa Paulista de Transmisión de Energía Eléctrica, en plena tarea.Foto:Archivo
Los alcances de la reforma, que el presidente Lula da Silva continuó, merecieron el elogio de economistas como Jeffrey Sachs, que los consideró un hito en la historia del desarrollo internacional: “Hoy, Brasil -dijo- se conoce no sólo por su jugo de naranja, sino por las exportaciones de jets que compiten con los estadounidenses y europeos.”
En la Argentina, los más altos funcionarios de ciencia y técnica avanzan en un proyecto de legislación análogo, para financiar con fondos sectoriales la investigación y el desarrollo (I+D) en sectores fundamentales: energía eléctrica, petróleo y gas, agroindustria, biotecnología, comunicaciones y otros. Para entender el impacto de esta iniciativa, comenzaré por referirme al sector eléctrico, muy dependiente tecnológicamente y de escasa competitividad.
Investigación y ensayos
En general, se coincide en que no puede haber una industria electrotécnica desarrollada si no cuenta con un Laboratorio de Investigación y Ensayos (LIE), que invierta en investigación y desarrollo, y que certifique la calidad de los productos para exportar a un mundo muy competitivo. En el país, ésta es una asignatura pendiente, tanto en el sector público como en el privado.
Brasil creó un LIE en 1971: el Centro de Pesquisas de Energia Eletrica (Cepel). En 1995, los primeros contratos de concesión del gobierno obligaban a determinadas empresas del sector eléctrico a invertir anualmente entre el 0,1% y el 0,25% de sus ingresos en I+D y en programas de eficiencia energética. En 2000, cuando se creó el Fondo Sectorial de Energía Eléctrica, no sólo se aumentaron dichos porcentajes, sino que se amplió su alcance a todas las empresas de distribución, transmisión y generación de energía eléctrica, que hoy invierten en el mencionado fondo entre un 0,25% y un 1%, según los casos.
La Argentina, en cambio, privatizó el servicio y hasta logró mejorarlo, pero no acordó esas inversiones, por lo que los desarrollos tecnológicos se compran afuera. En 2000, nuestro sector eléctrico facturaba 4100 millones de dólares y el ingreso por generadores y transportistas era de 2350 millones de dólares.
Los LIE -en muchísimos países, no sólo en los desarrollados- ensayan materiales y tecnologías, certifican productos para exportar, controlan comportamientos o fallas y proyectan el futuro de las nuevas energías. De los LIE se vale la industria electrotécnica y electromecánica para competir y no quedar tecnológicamente detenida.
Para poder exportar
El mercado internacional exige certificaciones de calidad. Nuestro Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación, al no tener un LIE adecuado, no puede realizar el proceso de certificación de ciertos productos de baja tensión y de todos los de media tensión.
Se menciona el caso de una empresa nacional que no lograba exportar a Europa un modelo de aislador orgánico, a pesar del requerimiento de un interesado en hacerle compras significativas, con la condición de que realizara ensayos de diseño conforme a la norma IEC 61109. Los ensayos, en parte, podían hacerse en la Argentina, pero no existía la cámara de ensayos ambientales especificada en dicha norma IEC. La empresa pidió hacerlos en el Cepel (Brasil), pero no había fecha disponible, y luego en KEMA (Holanda), que le cotizó una suma tal que desequilibraba el costo del producto. Nuestro fabricante no pudo exportar, sencillamente, por no haber un LIE nacional con costos competitivos.
Los ejemplos se repiten, al punto que importantes asociaciones y cámaras del sector crearon, en diciembre pasado, un grupo promotor a fin de “impulsar la instalación en la Argentina de un LIE”, que permita desarrollar tecnologías locales y certificar internacionalmente productos de exportación.
Un LIE para nuestras necesidades costaría unos 25 millones de dólares. La construcción podría realizarse en etapas, y operar a potencia reducida en dos o tres años, con una inversión de sólo 10 millones de dólares. Los técnicos que evalúan estos proyectos estiman que, en cuatro o cinco años, los LIE se autofinancian por los servicios que prestan.
La mencionada iniciativa de las autoridades de ciencia y técnica contempla la formación de un Fondo Sectorial de Energía, que haría un aporte de importancia si creara el primer LIE. Su existencia daría a la industria electromecánica la posibilidad de desarrollar tecnologías propias, ya que, en la actualidad, trabaja casi totalmente bajo licencias de fabricantes extranjeros, algo que acarrea serios condicionamientos. Mientras tanto, el país forma científicos y técnicos que emigran.
El Cepel de Brasil, en cambio, desarrolla tecnologías, por lo que disminuyó los pagos de royalties y patentes de manera que se estima, para los próximos diez años, una reducción de costos de mil millones de dólares. México es el otro país latinoamericano que, en 1985, construyó un LIE de alta tensión y, en 1992, otro de gran potencia.
Nosotros, en la retaguardia, ya escuchábamos en 1969 a representantes de la electrotecnia que consideraban “de necesidad imperiosa, la creación de un Laboratorio de Potencia para bajas y medianas tensiones”. Los intentos posteriores fracasaron y, cuando se privatizó el sector, se implementó un modelo de regulación valioso pero donde la I+D fue ignorada. La actual negociación con las empresas que piden tarifas más altas para invertir en tecnologías importadas debería tener en cuenta esta situación.
En 2002, el Senado de la Nación también indicó que “vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitrara los medios para la instalación de un LIE”.
Ahora, hay un proyecto de ley para crear los fondos sectoriales, que debería sancionarse con la misma “urgencia” con que lo hizo Brasil. Comenzaríamos, así, a revertir políticas que nos empobrecieron.
© La Nación, mayo 5, 2005